Jornadas sobre agua, 28 y 29 de septiembre. Declaración de València.
- Secretaría Mundo Rural
- 1 oct 2018
- 11 Min. de lectura
Desde Podem y el Área Estatal de Soberanía Alimentaria, Mundo Rural y Sostenibilidad de Podemos, se organizaron, para el viernes 28 y sábado 29 de septiembre, en La Morada Valencia, unas jornadas en torno a la problemática general del agua.
El objetivo era analizar, en un espacio abierto de debate, los principales problemas que presenta la gestión global de los recursos hídricos y el derecho humano al agua.
La jornada del día 28, de ámbito estatal, se centró en plantear las posibles soluciones de forma conjunta, de manera que, por primera vez, un partido político presentara una postura común para todo el ámbito estatal, dando cohesión a las posturas y líneas de trabajo.
En esta jornada participaron Secretarios Generales y Diputados de varios territorios y de ámbito estatal, concejales de ayuntamientos del cambio, y asociaciones agrarias, sociales y ecologistas.
Beatriu Gascó, secretaria de Mundo Rural, Sostenibilidad y Soberanía Alimentaria de Podem presentando las jornadas, En la mesa Pedro Arrojo (Diputado de Podemos en el Congreso), Julia Martínez (Fundación Nueva Cultura del Agua), Antonio Estañ (SG y Síndic del grupo parlamentario Podem), y los secretarios Generales autonómicos José García Molina (Castilla La Mancha) , Nacho Escartín (Aragón), Francisco Garrido (La Rioja), Óscar Uralburu (Murcia).
Además de las intervenciones, durante la mañana del día 28, se presentó el "Documento de València" , un texto que recoge las principales líneas argumentarias que se han establecido durante muchos meses de trabajo coordinando las problemáticas estatales, autonómicas y municipales, y que os dejamos al final de esta entrada de nuestro blog.
Intervención de María Giménez, diputada de Podemos Murcia.
Moisés Subirana (Barcelona En Comú) , María Oliver (València En Comú) y Carlos López (Zaragoza en Común)
Durante el día 29, se analizaron, en clave autonómica, los problemas relacionados con gestión hídrica, buscando las aportaciones de asociaciones y concejales, y haciendo un mapeo de las principales actuaciones políticas que es preciso emprender.
Beatriu Gascó (Secretaría de Mundo Rural de Podem) y Jaume Monfort (Secretario de Municipalismo de Podem) abriendo la jornada del día 29 de spetiembre.
Antonio Estañ (Síndic y SG de Podem) clausurando las jornadas.
Desde la Secretaría de Mundo Rural, Sostenibilidad y Soberanía Alimentaria de Podem queremos gradecer todo el trabajo y la organización de las jornadas a Fernando Fernández, y al área estatal de Soberanía Alimentaria, Mundo Rural y Sostenibilidad mundo rural de Podemos; a Noelia Olivares, encargada de la logística y la organización, y muy concienciada con nuestras reclamaciones respecto a residuos y suministros durante los eventos; a Ana Bedrina, de la Secretaría de Participación; a Pablo Catalá y Sebastián Meco, por la preparación de La Morada de Valencia; al equipo de prensa de Podem y Podem València por el seguimiento del evento; a los voluntarios que ayudaron durante todo el proceso y a las asociaciones que acudieron durante los dos días, por su presencia y colaboración.
Así mismo agradecemos a diputados y diputadas, SG y concejales que se desplazaron hasta La Morada, por su participación en estas jornadas, que creemos han sido positivas y con unos resultados de los que sentirnos orgullosas.
Os dejamos el texto de la declaración de València, y los dos vídeos del día 28 de septiembre, con todas las intervenciones y el debate. Y al final de la entrada, algunos vídeos sobre la postura de los representantes de Podemos en temas hídricos en todo el estado.
Vídeo 1, jornadas del día 28 de septiembre.
Vídeo 2 con las intervenciones de los SG, y
TEXTO DE LA DECLARACIÓN DE VALÈNCIA:
DECLARACIÓN DE VALENCIA UNA POLÍTICA DE AGUAS SOSTENIBLE, PÚBLICA Y PARTICIPATIVA PARA LA COHESIÓN TERRITORIAL
Afrontar el futuro en materia de aguas en nuestro país, supone asumir de manera decidida el actual contexto de cambio climático.
En los próximos años los caudales fluviales se verán reducidos de media entre un 20 y un 40%, a la vez que el aumento de los ciclos de sequía y los riesgos de inundación serán cada vez más acentuados.
En este escenario, los problemas de escasez de agua y para la producción de alimentos de calidad aumentarán, ocasionando graves problemas sociales, ambientales, territoriales y económicos.
Las presiones privatizadoras para hacer del agua una mercancía, en lugar de un bien común, y de los servicios de agua y saneamiento negocios privados, en lugar de servicios públicos de interés general, dibujan desde hace años un escenario muy preocupante que requiere un compromiso social y político claro.
Desde Podemos consideramos que se debe trabajar desde todos los ámbitos territoriales en la construcción de soluciones y alternativas a las políticas erráticas que hasta la fecha se han desarrollado en torno al agua en nuestro país.
Bajo esta perspectiva, recuperar los principios de unidad de cuenca y de solidaridad y equilibrio territorial resulta imprescindible. Ninguna cuenca puede considerarse excedentaria y por tanto es insensato e inviable basar el futuro de regiones vulnerables en nuevos aportes externos.
Los caudales disponibles seguirán reduciéndose con toda probabilidad, afectando también a los ríos que hoy soportan trasvases, como el Tajo y el Júcar.
Asumiendo esta realidad y teniendo en cuenta que la Directiva Marco de Agua exige por ley garantizar el buen estado ecológico de todos los ríos, se debe redimensionar de forma realista la expectativa de caudales y abrir procesos de diálogo entre cuencas y comunidades afectadas que permitan diseñar planes de futuro viables, consensuados y sostenibles.
En las cuencas beneficiarias de estos trasvases, la gestión de la demanda agraria, urbana e industrial y el uso efectivo de los recursos no convencionales (reutilización de aguas residuales y desalación marina) constituyen piezas clave en la hoja de ruta que proponemos para transitar hacia horizontes más sostenibles.
En todas las cuencas, es necesario promover una gestión integrada de aguas subterráneas y superficiales, lo cual supone asegurar un uso sostenible de los acuíferos, acabando con el desgobierno que impera en muchos casos. Sin embargo, vuelve a levantarse la vieja demagogia del hormigón que ya fracasó en gobiernos pasados.
Auspiciar estrategias trasvasistas para gestionar futuras sequías es tan demagógico, como insensato e irresponsable.
Y lo es, sobre todo, en la medida que las sequías, al ser regionales y no locales, suelen afectar tanto a las cuencas cedentes como a las receptoras, bloqueando estas opciones, como ocurrió recientemente, en plena sequía, con el Trasvase Tajo/Segura.
Por otro lado, lo que falta en sequía no son presas, sino agua.
No se trata de demonizar presas ni trasvases; ni aeropuertos ni autopistas; sino de evitar oscuros negocios, usando dinero público, en aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches y presas y trasvases sin agua.
El cambio climático agrava los problemas de rentabilidad y viabilidad de muchas explotaciones agrarias y ganaderas, en especial las que representan al modelo social y familiar que defendemos.
Al mismo tiempo que incrementa los riesgos de abandono del sector, de despoblación y envejecimiento del medio rural.
En este contexto, las políticas del agua y su interrelación con la agricultura van a tener una gran trascendencia para el futuro del entramado socioeconómico en el medio rural.
A pesar de ser un sector altamente vulnerable al cambio climático, el sector agrario puede contribuir eficazmente a frenar los impactos del cambio climático, si se le proporcionan los medios necesarios y el marco normativo adecuado.
El sector agrario puede estar en condiciones de respuesta a los retos alimentarios, energéticos y ambientales vigentes pasando a ser parte importante de la solución. Partimos del reconocimiento del carácter social y de la importancia del regadío en la agricultura.
En el ámbito mediterráneo, en particular, el regadío es un elemento importante para la viabilidad económica de la explotación familiar agraria, y es además, un elemento clave en la vertebración social del medio rural, en la medida que conlleva un incremento exponencial del rendimiento, de la renta y del empleo agrarios, más allá de permitir el desarrollo agroindustrial en el medio rural.
Sin embargo, en las últimas décadas se ha alentado un modelo de especulación urbanoturística y desarrollo incontrolado de nuevos regadíos que ha desbordado la capacidad de los recursos disponibles, generando una sobreasignación de concesiones y una sobreexplotación consentida de acuíferos, con cientos de miles de pozos ilegales, lo que conlleva que más del 40% de nuestros ríos y acuíferos estén en mal estado, haciéndonos vulnerables frente al cambio climático.
Por ello, es preciso tomar medidas que permitan ajustar las demandas a niveles que sean sostenibles.
Por otra parte, la política de agua que defendemos tiene que hacer frente de manera tajante a los procesos de privatización en todas sus vertientes.
El agua es un bien común indispensable para la vida.
Su mercantilización no sólo pone en riesgo la gestión pública del agua en relación con la agricultura si no que atenta directamente al suministro urbano poniendo en riesgo el derecho humano al agua.
Precisamente, nuestros Ayuntamientos son los grandes afectados por esta deriva que fomenta las constantes privatizaciones de los servicios del agua y saneamiento que suelen encubrir estrategias de corrupción, como las relacionadas con los múltiples casos de la Operación Pokémon por toda España, vinculados a la multinacional Suez/Aguas de Barcelona.
Desde Podemos, consideramos imprescindible una profunda reforma institucional: las Confederaciones Hidrográficas y Agencias Autonómicas deben asumir los valores y objetivos establecidos por la Directiva Marco del Agua, reforzarse interdisciplinariamente, democratizarse y desarrollar el principio de participación ciudadana proactiva (no sólo de los principales beneficiarios) que establece la Convención de Aarhus, firmada por España y la UE, superando los tradicionales modelos tecnocráticos heredados del pasado
En suma, y en coherencia con el Acuerdo Social del Agua, promovido y firmado por cerca de cien organizaciones sociales, ambientales, redes ciudadanas de defensa del uso sostenible del agua y sindicatos de las diversas Comunidades Autónomas del Estado, desde PODEMOS nos comprometemos a trabajar por:
1. Garantizar el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por España, a la vez que exigimos su plasmación jurídica de manera expresa y efectiva a nivel europeo, así como en la Ley de Aguas. 2. Defender, tal y como establece la Directiva Marco de Aguas (DMA), una gestión integrada y sostenible de ríos, lagos, humedales y acuíferos, a nivel de cuenca, desde enfoques ecosistémicos, promover de forma efectiva el objetivo de recuperar el buen estado ecológico de las masas de agua, respetando los regímenes de caudales ecológicos que permitan garantizar el buen estado de ríos y humedales frente al cambio climático y gestionar a nivel de cuenca los flujos sólidos y sedimentos de los que depende la sostenibilidad de deltas, playas y ecosistemas litorales. 3. Acabar con la opacidad institucional y el autoritarismo tecnocrático en la gestión del agua. El buen gobierno del agua debe regirse por criterios más democráticos, transparentes y participativos, al servicio de todos los usuarios y de la. Por otro lado, apostamos por desarrollar los nuevos enfoques de gestión integrada que establece la Directiva Marco que exigen fortalecer interdisciplinariamente la gestión pública, desde los Organismos de Demarcación, al tiempo que requiere la elaboración urgente de una contabilidad fiable del agua, puesta a disposición pública. 4. Promover la actualización concesional de las dotaciones en función de las disponibilidades actuales y futuras, a la luz del cambio climático en curso y combatir la sobreasignación de concesiones, por encima de los caudales realmente
disponibles, especialmente en el futuro. En suma, respetar los criterios ambientales, sociales y agronómicos, establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, a fin de garantizar el buen estado de nuestras aguas, ríos y acuíferos. 5. Revisar la relación de las Confederaciones Hidrográficas con los municipios y delimitar funciones y responsabilidades para mejorar la coordinación interinstitucional en materia de gestión de cauces, ramblas y barrancos. 6. Reforzar el papel de las Comunidades de Regantes (tradicionales o no), dándoles apoyo, al tiempo que se combate la privatización de la gestión del riego en grandes sistemas. 7. Detener el despilfarro de fondos públicos en grandes obras hidráulicas conflictivas, de dudosa rentabilidad y con graves impactos socio-ambientales, realizando, en su caso, adecuadas obras de regulación en tránsito que permitan modernizar y consolidar la explotación familiar en los regadíos existentes, minimizando impactos ambientales. 8. Gestionar el agua de manera sostenible y solidaria conforme a criterios científicos, por encima de intereses partidistas, desterrando el enfrentamiento territorial y promoviendo el diálogo como único camino para promover el interés general desde una relación fraternal entre regiones. Restablecer un nuevo marco para el uso sostenible del agua en la agricultura. 9. Promover la defensa de modelos de agricultura sostenible y adaptada al entorno, la recuperación de la ganadería extensiva, y la defensa de los pequeños productores frente a los abusos del mercado, en consonancia con las políticas de agua sostenibles que necesitamos. 10. Fomentar la eficiencia y el ahorro para garantizar adecuadas dotaciones para regadíos sostenibles en un contexto de cambio climático, incentivando, con apoyo público, el uso de energías renovables a escala de parcela y explotación que mejoren en todo caso la vida de los agricultores y agricultoras. 11. Asumir una planificación hidrológica basada en estrategias de gestión de la demanda, en coherencia con la Directiva Marco de Aguas, para garantizar la viabilidad del regadío, incluso en los ciclos de sequía que el cambio climático agravará en intensidad y frecuencia
12. Eliminar el vigente mercadeo del agua mediante contratos de cesión privados, al margen de la planificación hidrográfica, al tiempo que se promueven Centros de Intercambio dentro de cada cuenca, transparentes y bajo control público, desde los Organismos de Demarcación. 13. Acabar de forma contundente con los pozos y regadíos ilegales cuya expansión desde una permisividad institucional inaceptable, pone en riesgo los derechos de usuarios y regantes legales y responsables. 14. Promover Comunidades de usuarios de aguas subterráneas que se impliquen en la gestión sostenible de los acuíferos, de forma que éstos puedan operar como reservas estratégicas en ciclos de sequía, y declarar como acuíferos sobreexplotados o en riesgo aquellos en los que se está produciendo una explotación abusiva, implantando planes de ordenación de extracciones desde criterios de sostenibilidad ambiental y de equidad social, que favorezca la sostenibilidad de la explotación familiar. 15. Extender el sistema de seguros agrarios al regadío, con especial apoyo público a la explotación familiar y a los sectores sociales más vulnerables. 16. Defender los sistemas de regadío tradicional por su alto valor cultural, social, ambiental y productivo con especial atención a la revalorización productiva de vegas y huertas que atesoran los suelos más fértiles y productivos. Trabajaremos por hacer viable de manera sostenible el uso de caudales y fuentes suplementarias de agua. 17. Promover la desalación de agua de mar y de caudales salobres, así como la regeneración y la reutilización de retornos, en territorios costeros, usando energía solar y eólica que pueden alumbrar perspectivas de autosuficiencia sostenible en territorios vulnerables. Agua y saneamiento público para una nueva gestión sostenible. 18. Detener y revertir a corto, medio y largo plazo los procesos de privatización de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, promoviendo nuevos modelos de gestión pública, participativa y transparente que refuercen el municipalismo democrático.
19. Promover una adecuada financiación municipal que permita a los Ayuntamientos desarrollar sus funciones en materia de agua y saneamiento, con una línea específica de apoyo financiero para pequeños municipios rurales. 20. Impulsar la elaboración de una Ley de Bases para la Regulación de los Servicios de Agua y Saneamiento, que garantice el acceso efectivo al agua potable y al saneamiento como un derecho humano; que elimine el canon concesional como fórmula opaca de compra del servicio por empresas privadas; que impida contrataciones y compras por adjudicación directa a empresas asociadas o filiales, sin concurso público; y que garantice la transparencia y el contraste de servicios entre municipios, mediante un adecuado sistema homogéneo de indicadores. 21. Asumir de forma efectiva las exigencias legales de saneamiento de los retornos que establece la legislación europea, desarrollando en cada caso las tecnologías adecuadas, con especial atención al saneamiento extensivo en municipios rurales, bajo un adecuado asesoramiento técnico y líneas de apoyo financiero para esos ayuntamientos ante los retos que tienen que abordar en materia de renovación de redes y saneamiento de retornos. 22. Desarrollar planes de ordenación territorial y urbanística que eviten de forma efectiva la construcción de viviendas, instalaciones industriales y ganaderas en ramblas y territorios inundables, recuperando sotos de ribera, meandros y espacios de inundación fluvial en crecida, con retranqueo de motas, con el objeto de generar estrategias de ablandamiento y gestión de crecidas extraordinarias en coherencia con la Directiva de Inundaciones. Finalmente, un nuevo modelo de cohesión y desarrollo territorial 23. Reactivar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, adaptándola a los retos del cambio climático, especialmente en los territorios más vulnerables, en despoblación, promoviendo sistemas productivos más sostenibles y adaptados al cambio climático en curso, al tiempo que reducimos la presión humana y urbanística sobre grandes ciudades y zonas costeras devoradas por la especulación urbano-turística. 24. Promover un nuevo modelo de turismo racional, de calidad y sostenible, vinculado a esa nueva ordenación territorial.