Podemos pregunta en Corts, Congreso y Senado
sobre el futuro de las Desaladoras.
Gracias al trabajo incansable de Podem Moncofa, la secretaría de mundo rural de Podem inició en noviembre una actuación conjunta para tratar de hallar solución al grave problema municipal que presentan los convenios que se firmaron con la empresa pública Acuamed para la construcción de desaladoras.
Tanto Beatriu Gascó y Antonio Montiel en Corts, como Txema Guijarro en el Congreso y Vicenta Jiménez en el Senado, realizaron preguntas e intervenciones sobre el futuro de estas instalaciones, sobre todo después de que aparecieran, en el proyecto de ley de los presupuestos generales del estado, partidas presupuestarias destinadas a estas infraestructuras.
La empresa pública Acuamed, que recordamos está en el centro de la investigación judicial de la Operación Frontino y algunos de sus investigados siguen apareciendo en el organigrama de esta empresa, realizó, bajo convenios con ayuntamientos y recibiendo ayudas de los fondos FEDER de la Unión Europea, las obras de varias desaladoras en la Comunidad Valenciana.
Los estudios de viabilidad que justificaron aquellas obras, hechos en plena burbuja inmobiliaria, no tuvieron en cuenta las necesidades de suministro de energía eléctrica que estas infraestructuras consumirían funcionando a pleno rendimiento, ni tampoco las necesidades hídricas reales de muchas de ellas, ya que estaban hechos en base a un crecimiento industrial y urbanístico desmesurado, basado en un concepto del crecimiento insostenible y poco realista, que no rige actualmente las políticas medioambientales.
Al estar basadas en movimientos especulativos en lugar de previsiones realistas muchas de estas instalaciones no se han llegado a poner en marcha, como es el caso de la de las de Sagunt, Oropesa y Moncofa, que se enfrentan a multas de la Unión Europea por el mal uso de fondos Feder.
Las otras dos desaladoras de Acuamed, Torrevieja y Mutxamel, que sí están activas, pero a bajo rendimiento, necesitan a su vez soluciones basadas en investigación y autoconsumo para la gestión de la salmuera restante y la gran necesidad de energía eléctrica que necesitan, encareciendo el precio del agua hasta niveles inasumibles por los posibles consumidores.
Al mismo tiempo, los convenios que estos ayuntamientos firmaron en su día con la empresa, los obligan a asumir la deuda de las obras como las posibles multas, por lo que los entrampa en deudas anuales imposibles, que empobrecerán la vida de los ciudadanos y los consistorios durante décadas y que se plantearon, en su día, como compensables, basándose en pelotazos urbanísticos que no se han cumplido.
De nuevo la gente de la calle paga los pufos urbanísticos de años pasados. Los ayuntamientos no pueden asumir este coste sin poner en serio riesgo su sostenibilidad financiera, y las administraciones central y autonómica, deben de intervenir para evitarlo.
Por todo ello, se inició una actuación urgente para presionar a la administración central y autonómica, para que asumieran esta deuda, frenaran la nueva llegada de multas europeas y plantearan soluciones al uso de esta agua, ya que las previsiones sobre Cambio Climático auguran épocas de sequía extrema donde estas instalaciones pueden actuar como reservorios de emergencia para estas comarcas.
La urgencia de las actuaciones para solucionar las inminentes multas, no puede conllevar que todo el peso económico de estas instalaciones recaiga sobre los municipios.
Por eso que hemos pedido los nuevos convenios para estudiar las repercusiones a medio y largo plazo sobre la población de estos municipios, y para aclarar qué es lo que la administración central tiene proyectado para estas instalaciones.
Seguiremos trabajando para defender que estos ayuntamientos no caigan en un endeudamiento que los ahogue durante décadas, pagando los abusos y la dejación de controles que la administración arrastró durante años.
Os dejamos los videos de las intervenciones de Beatriu Gascó y Antonio Montiel, y el texto que tanto Txema Guijarro como Vicenta Jiménez han presentado en Congreso y Senado.
Antonio Montiel. Debate sobre Desaladoras en la Comisión de Medio Ambiente de Les Corts.
https://www.youtube.com/watch?v=M867iX1G5M0 Debate completo Desaladoras.
Beatriz Gascó, pregunta sobre las desaladoras.
Textos presentados en Congreso y Senado
por Txema Guijarro y Vicenta Jiménez.
Exposición de motivos:
La empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E.,S.A., (Acuamed), pertenece al Grupo Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda) y actúa bajo la tutela del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España.
Esta empresa realizó, bajo convenios con ayuntamientos y recibiendo ayudas de los fondos FEDER de la Unión Europea, las obras de varias desaladoras en la Comunidad Valenciana.
Los estudios de viabilidad que justificaron la construcción de estas desaladoras, no tuvieron en cuenta las necesidades de suministro de energía eléctrica que estas infraestructuras consumirían funcionando a pleno rendimiento, ni tampoco las necesidades hídricas reales, ya que los estudios estaban hechos en base a un crecimiento industrial y urbanístico desmesurado, basado en un concepto del crecimiento insostenible y poco realista, que no rige actualmente las políticas medioambientales.
Esta empresa forma parte del entramado de la investigación Frontino, dirigida por el Juez Velasco, y algunos de sus investigados siguen formando parte del consejo de administración de la empresa, sin que se hayan depurado responsabilidades políticas, ni técnicas, de estas actuaciones.
A la vez, las infraestructuras han quedado paralizadas, sin terminar o se han puesto en marcha a bajo rendimiento debido a que su coste energético es enorme. Pero las consecuencias serán asumidas por los ayuntamientos, que bajo convenio con Acuamed, quedaron como responsables de la deuda, y como responsables de las multas de la Unión Europea.
Varias de estas desaladoras, que aún no se han puesto en marcha, están situadas en zonas donde las necesidades hídricas reales no justificaban su construcción. Pero las previsiones de nuevos escenarios de Cambio Climático, señalan todo el sur de Europa como zona de alto impacto de los fenómenos meteorológicos extremos, especialmente los relacionados con sequías recurrentes y escasez de agua.
Por ello, la puesta en marcha de estas desaladoras debería ser prioritaria, como forma de actuación para paliar los efectos del Cambio Climático. Sin embargo, no sería lícito cargar a los ayuntamientos con la deuda impuesta, ya que el objetivo es garantizar el acceso al agua de forma comarcal o provincial, por lo cual, los costes deberían ser asumidos de forma conjunta por la Generalitat y el gobierno central.
Hemos constatado que, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado Español, en los Anexos de inversiones reales y programación plurianual. Distribución orgánica. Tomo IV (Sector Público Empresarial y Fundacional) entre los detalles por entidades, aparecen varias partida presupuestarias cuyo destino es, a través de la empresa pública Acuamed, las plantas desaladoras de la Comunidad Valenciana y su red de distribución de agua.
Por todo lo expuesto solicitamos:
Copia íntegra del nuevo convenio que la empresa pública ACUAMED va a proponer a cualquiera de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana implicados en instalaciones de desaladoras y distribución posterior de agua desalada.
Copia íntegra de cualquiera de los informes de actuación y planificación que han derivado en la propuesta económica de los presupuestos generales del estado español de 2019 relativa a la desalación en la Comunidad Valenciana, a la distribución posterior y a las infraestructuras hídricas tanto de las plantas desaladoras de la Comunidad Valenciana como de la planta de ósmosis de Moncofa.
Copia íntegra de los informes enviados a la Unión Europea para justificar la completa operatividad de estas desaladoras para poder eludir las multas previstas a partir de marzo de 2019 por devolución de fondos FEDER.
Y que se dé respuesta a las siguientes preguntas escritas:
¿Cuáles son los planes de la empresa pública ACUAMED respecto a las desaladoras de la Comunidad Valenciana?
¿Cuáles son las actuaciones que se van a llevar adelante para evitar que el peso económico de la desalación en la Comunidad Valenciana recaiga, a medio o largo plazo, sobre pequeños y medianos ayuntamientos?
¿Hay previsto algún plan para la creación de infraestructuras de autoconsumo energético o de economía circular renovable para estas instalaciones de desalación y distribución de agua procedente de la desalación, así como de la gestión de residuos procedentes de estas plantas?